El sistema de salud pública en México enfrenta un cambio crítico. Desde el 16 de enero, la reforma a la Ley General de Salud ha eliminado la certeza jurídica para miles de pacientes. Ahora, el presupuesto para tratamientos de alta especialidad ya no está blindado por ley.
Fin del Candado Legal.
En primer lugar, es vital entender que se eliminó el «candado legal» del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi). Anteriormente, este mecanismo obligaba a destinar el 8% del fondo exclusivamente a enfermedades de alto costo. Por consiguiente, tratamientos para el cáncer, VIH y trasplantes tenían recursos asegurados.
Sin embargo, la nueva ley cambia las reglas del juego. Actualmente, un Comité Técnico controlado por el Gobierno decidirá de forma discrecional quién recibe atención. Debido a esto, lo que antes era un derecho garantizado, hoy depende de una decisión administrativa.
Crisis Presupuestaria.
Además de los cambios legales, las cifras actuales son preocupantes:
- Reducción del Fondo: El presupuesto cayó de 93 mil millones de pesos en 2018 a solo 32 mil millones hoy.
- Atención Infantil: Los niños con cáncer atendidos bajaron drásticamente de 2,700 a solo 300.
- Salud Femenina: El apoyo para mujeres con cáncer de mama disminuyó de 8,300 a 2,500 pacientes.
Medicamentos Vitales a Gasto Corriente.
Por otro lado, la ley permite ahora un uso distinto de estos recursos. En lugar de garantizar quimioterapias, el dinero puede usarse para gasto corriente y mantenimiento de hospitales. Aunque los edificios requieren mejoras, expertos advierten que esto deja en total incertidumbre a quienes no tienen seguridad social. Cabe destacar que la Cámara de Diputados aprobó esta medida con 324 votos a favor.
Un Futuro de Incertidumbre.
En conclusión, la reforma institucionaliza la discrecionalidad en la salud. Para miles de familias, el acceso a medicamentos ya no es una garantía constitucional, sino una posibilidad incierta. Sin un presupuesto etiquetado, el derecho a la salud en México entra en una etapa de alto riesgo.
